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martes, 20 de marzo de 2012

GUATEMALA - Condenan a 7 mil 710 años a exparamilitares guatemaltecos por masacre de indígenas

LATIN Diario Digital - De acuerdo con la justicia del país, quedó demostrada con testimonios y pruebas documentales la responsabilidad de los procesados por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad. Se estableció una de pena de 30 años de prisión por cada una de las 256 víctimas.
Un tribunal de Guatemala condenó este martes a siete mil 710 años de cárcel a cinco ex paramilitares quienes en el año 1982 perpetraron la masacre de 256 indígenas en el norte del país, hecho ocurrido durante la guerra civil que experimentó la nación entre 1960 y 1996.
La jueza Jazmín Barrios, titular del Tribunal de Mayor Riesgo A, dio a conocer la sentencia de los cinco imputados y expresó que "quedó demostrada con los testimonios y las pruebas documentales la responsabilidad de los procesados por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad".
Según el fallo del ente judicial, se estableció una pena de por imputado de 30 años de prisión por cada una de las 256 víctimas, más 30 años por lesa humanidad.
Sin embargo, la jueza explicó que ''debido a que ninguna persona puede llegar a vivir siete mil 710 años, los condenados solo deberán purgar hasta 50 años de prisión", la pena máxima establecida por la legislación guatemalteca.
Los condenados fueron los expatrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, además del ex comisionado militar Lucas Tecú, quien fue capturados en agosto pasado por su participación en la matanza de Plan de Sánchez, perpetrada el 18 de julio de 1982.
Los cuatro funcionarios eran parte de las Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares organizados por el Ejército para combatir las fuerzas insurgentes durante el conflicto armado que se experimentó en el país.
En el juicio que comenzó el pasado miércoles, el Tribunal oyó los testimonios de 20 testigos, cinco peritos y 47 supervivientes de la matanza, además de analizar 158 medios documentales y peritajes.
El 18 de julio de 1982, un día de mercado en la comunidad de Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz, un comando integrado por soldados, comisionados y patrulleros, lanzaron dos granadas de mortero contra la población civil.
En el mercado se encontraban habitantes de al menos 12 comunidades y alrededor de 256 personas, de la etnia maya Achí, quienes fueron ejecutadas.
Entre las víctimas se encontraban 20 mujeres de entre 12 y 20 años de edad, que antes de ser asesinadas fueron violadas, según las investigaciones.

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